FONDOS DE RECUPERACIÓN Y EFECTO MULTIPLICADOR
Cinco meses después del acuerdo alcanzado en julio por los líderes europeos sobre las finanzas de la Unión para el periodo 2021-27, el pasado 22 de diciembre se publicaba el reglamento por el que se adopta un Instrumento de Recuperación extraordinario dotado con 750.000 millones de euros (precios constantes 2018) para hacer frente a la crisis económica desencadenada por la pandemia COVID-19, más conocido como Next Generation EU (NGEU). En realidad, este importe se transformará en 807.052 millones de euros (precios corrientes) cuando sea utilizado en cada una de las anualidades entre 2021 y 2026, gracias a la actualización fija del 2% que aplica la Unión Europea a las partidas presupuestarias de cada ejercicio económico para compensar la inflación.
Los dos grandes fondos de recuperación
Unos días después, el 28 de diciembre, quedaba publicado el reglamento relativo a uno de los dos grandes fondos que componen el Instrumento de Recuperación, dotado con 50.619 millones de euros y destinado a las regiones europeas como programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, más conocido por su acrónimo en inglés REACT-UE. Ese mismo día el Ministerio de Hacienda reunía a las Comunidades Autónomas para comunicarles la distribución regional de los 12.436 millones de euros que correspondían a España de este fondo europeo y les ofrecía anticipos de tesorería adicionales a los previstos por la Unión Europea de manera que la liquidez no fuera un obstáculo para desarrollar con agilidad las actuaciones seleccionadas. Castilla-La Mancha recibirá 486 millones de euros, 389 en 2021 y 97 en 2022, quedando abierta la ejecución y selección de proyectos hasta el 31 de diciembre de 2023, con las ventajas de poder recibir el 100% del coste e incluir actuaciones iniciadas desde el 1 de febrero de 2020. Este fondo se aplica en el marco de programación vigente 2014-2020, aprovechando que puede ejecutarse hasta 2023 y acelerar de esta forma su movilización con los procedimientos vigentes. En la práctica, viene a aportar dinero nuevo a los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) de manera que pueda reponerse el dinero que había sido empleado desde el verano de 2020 para atender gastos relacionados con la pandemia, lo cual había dejado momentáneamente sin recursos actuaciones previstas al inicio del programa que así podrán recargar su senda de financiación para realizarse hasta 2023.
El segundo gran fondo, el más importante, se ha hecho esperar algo más hasta el pasado 18 de febrero de este año, fecha en la que quedaba publicado el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con 336.349 millones de euros en subvenciones y destinado en este caso a los estados como programa de políticas palanca para la transición y transformación de las economías europeas. Aunque las cifras finales serán probablemente superiores, a España le corresponden 69.528 millones de euros según los cálculos iniciales, 46.603 entre 2021 y 2022 y 22.925 en 2023. De los 46.603 millones de euros para el bienio 2021-22, los Presupuestos Generales del Estado han previsto 24.198 en este ejercicio 2021. Al igual que en el fondo anterior, los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020 son elegibles y la financiación puede ser de hasta el 100% del coste. La proyección de inversiones que llegarán a las Comunidades Autónomas es más complicada de determinar en este caso por el carácter estatal del fondo y la selección centralizada de las actuaciones al quedar vinculadas al Plan Nacional de Reformas de cada estado miembro, pero una estimación conservadora podría conducir a que Castilla-La Mancha fuera receptora de inversiones por valor de unos 2.364 millones de euros hasta 2023, de los cuales unos 1.054 podrían llegar a ser gestionados por la propia Comunidad Autónoma.
Caída de la economía y fondos de recuperación
Si recapitulamos y sumamos los dos fondos, nos encontramos con unas inversiones para España de 81.964 millones de euros entre 2020 y 2023. Parece un esfuerzo inversor ingente para recuperar la economía a lo largo de cuatro años, pero si lo comparamos con la perdida de riqueza experimentada por la economía española en un solo año, equivalente a 124.796 millones de euros menos en 2020 respecto a 2019 de acuerdo con la reducción del Producto Interior Bruto avanzada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 29 de enero, el panorama no parece ni mucho menos tan favorable. La caída en un año es superior a la inversión que pueda llegar a realizarse en cuatro años, la cual está sometida todavía a muchas incertidumbres respecto a su puesta en marcha efectiva, ritmo de ejecución, elasticidad de sectores tractores, libramiento de fondos y cumplimiento de condicionalidades asociadas, entre otras incógnitas. En realidad, esos 81.964 millones de euros responden a un techo potencial de inversión, sobre el que se producirá una desviación significativa de financiación y ejecución a diciembre de 2023 que dejará seguramente varios miles de millones de euros sobre el papel que nunca llegarán a materializarse. Un nivel de inejecución del 2% puede ser una estimación factible, pero lo más exigente puede venir dado por la parte de la financiación, especialmente si no se cumple el exigente régimen de hitos vinculado a las actuaciones del MRR, que podría alcanzar el 5%. La inversión potencial por fondos de recuperación de 81.964 millones de euros no cubrirá ese enorme hueco de 124.796 millones de euros por otro motivo apuntado. La elegibilidad de los proyectos incluye actuaciones iniciadas desde el 1 de febrero del año pasado, lo cual significa que tales inversiones fueron realizadas en 2020 y, en consecuencia, ya mitigaron en parte la caída de la economía en aquel año y no generarán efectos directos a partir de 2021. Todavía se desconoce la cuantía de las inversiones retrospectivas que Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales incluirán en los fondos de recuperación, pero una previsión conservadora podría ascender a 11.964 millones de euros vinculada sobre todo a la contratación de emergencia de bienes, servicios y obras que realizaron las distintas administraciones públicas durante 2020 para hacer frente a la pandemia y adaptar sus actividades a las distintas fases de la desescalada que siguió al periodo de confinamiento.La solución del efecto multiplicador
Mucho se ha hablado de la importancia de la selección de los proyectos, de la necesidad de que sea exigente y rigurosa, de que aquellos escogidos realmente contribuyan a completar transiciones y transformaciones estructurales de la economía. En este artículo me gustaría aportar un motivo más: no disponemos de suficientes fondos de recuperación como para seleccionar proyectos con un efecto multiplicador inferior a 2 o 3. Necesitamos actuaciones que generen una contribución a la economía del doble o el triple de la inversión realizada. Cada euro invertido tiene que convertirse en dos o tres euros en términos de riqueza, renta y empleo para estar en condiciones de apalancar los fondos de recuperación preasignados y conseguir volver a los niveles de riqueza de los disfrutábamos en 2019 en el horizonte de 2023 o 2024. Por ejemplo, si invertimos en actuaciones con un efecto multiplicador de 2, esos 81.964 millones de euros de fondos potenciales se transformarán en 163.928 millones de euros en términos de producto interior bruto, suficiente para compensar la caída de los casi 125.000 millones de euros en 2020. Así de simple. Si nos referimos a la situación de Castilla-La Mancha, el balance entre fondos y necesidades de recuperación parece más favorable, principalmente por la menor caída del PIB regional en 2020 respecto al resto de España gracias a la mayor resiliencia a la pandemia exhibida por la agricultura y la industria agroalimentaria, pero igualmente es necesario programar actuaciones de elevado efecto multiplicador. En este caso, además, de hacerlo así Castilla-La Mancha podría aprovechar la oportunidad de aceleración del ritmo de convergencia que parece abrirse al confluir una menor reducción de la riqueza respecto a una mayor disponibilidad relativa de fondos de recuperación. La relación de actividades con un efecto multiplicador de más de dos es muy limitada e incluye solo ámbitos que superan sobradamente el tamiz de la transición y la transformación, tales como la investigación, la innovación, las tecnologías digitales o la formación superior universitaria. Afortunadamente, estos objetivos temáticos están bien recogidos entre las categorías de actuaciones elegibles en ambos fondos (REACT-UE y MRR) y, en algunos casos, tienen asociadas además concentraciones temáticas (niveles mínimos de inversión obligatorios).Corresponde a los comités de selección priorizarlas adecuadamente para asegurar una recuperación duradera en un escenario plurianual lo más corto posible pensando en beneficio de la sociedad.